Punto de Partida
En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó como principales fuentes de la violencia a los actores estatales y al crimen organizado. Esto implica un grave problema de corrupción y abusos de poder, en un contexto de militarización y debilitamiento institucional.
De acuerdo con sondeos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2014, 26.4% de la población mexicana identificó la corrupción como uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la corrupción es un fenómeno complejo social, político y económico que “perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política”. Este conflicto severo debilita la legitimidad de las instituciones encargadas de impartir justicia y organizar a la sociedad.
En un país donde existe un grave problema de corrupción (incluidos soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público), todas las instancias, encargadas de observar el estado de derecho y de ejecutar las leyes, se debilitan. Dentro de un contexto tal, los abusos de poder se vuelven mecanismos comunes de acción.
En el Código Penal Federal, el artículo 125 del capítulo III, penaliza una serie de prácticas antiprofesionales de servidores públicos bajo el rubro de abuso de autoridad. Este tipo de delito se comete cuando, por ejemplo, se impide la ejecución de una ley, decreto o reglamento, con el auxilio de la fuerza pública; cuando se retarda o niega a los particulares la protección o servicio que es obligatorio otorgarles; cuando en el ejercicio de sus funciones se violenta a una persona sin causa legítima o cuando se recibe como presa, detenida, arrestada o interna a una persona sin los requisitos legales correspondientes.
El equipo de Punto de Partida ha investigado alrededor de casos paradigmáticos en los que las acciones de funcionarios públicos y miembros de seguridad sobrepasan límites establecidos. Los abusos de poder y la corrupción son dos de los principales problemas de México, que se agravaron desde el recrudecimiento de la violencia.
En el contexto de la guerra para desmantelar redes de crimen organizado, se ha registrado vinculación entre diversas autoridades (a nivel federal, estatal y municipal) y perpetradores de graves violaciones a derechos humanos.
Algunos ejemplos clave de esta situación son la desaparición forzada de 43 normalistas en el estado de Guerrero, en 2014, y las diversas ejecuciones injustificadas hechas por miembros del ejército nacional en Sinaloa, ocurridas durante 2008. La violencia alcanzada en algunos lugares del norte del país ha llevado a alcaldes locales (como Mauricio Fernández, de Monterrey) a mostrarse dispuestos a pasar por encima de la ley para controlar la situación. Ese mismo ejercicio desmedido de poder permite prácticas corruptas y desviación de fondos públicos, como presuntamente ocurrió en San Blas, Nayarit. En casos límite, la sociedad misma ha decidido enfrentar a las fuerzas de seguridad, como sucedió en Tláhuac en 2004 o en Atenco en 2006.
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